Un consorcio integrado por las tres comunidades que participan en el parque nacional de los Picos de Europa -Castilla y León, Cantabria y Asturias- es la figura legal elegida para gestionar este espacio «como una unidad ambiental», una vez se hagan efectivas las transferencias de las competencias a las autonomías, un objetivo que será difícil de cumplir dentro del año en curso, según indicaron ayer, en León, el director general para la Biodiversidad, José Luis Herranz; el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo; el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras de Asturias, Francisco González Buendía, y el consejero de Agricultura de Cantabria, Jesús Miguel Oria, durante la firma de un protocolo de cooperación institucional.

El objetivo de este convenio es el desarrollo de los instrumentos de planificación y gestión del parque nacional de Picos de Europa, de manera que se mantenga la «unidad ambiental» una vez sean transferidas las competencias a las comunidades autónomas, según recoge el acuerdo.

Con respecto al traspaso de competencias, Herranz indicó que «se han dado pasos importantísimos, teniendo en cuenta la dificultad y las complejidades de los Picos de Europa», para la transferencia del único parque nacional español en el que está representada más de una comunidad autónoma.

Herranz indicó que «nos gustaría que (la transferencia) se realizara con la mayor brevedad posible», si bien apuntó que «será razonablemente difícil que se produzca en el año 2006».

Para estar preparados ante este proceso, los consejeros de las tres comunidades autónomas afectadas suscribieron este protocolo, en el que se apuesta por «promover el desarrollo de un plan de ordenación de los recursos naturales (PORN), como instrumento para la gestión del parque nacional».

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León explicó que una comisión integrada por técnicos de las tres comunidades, con el apoyo de la fundación interuniversitaria Fernando González Bernáldez, elaborará el documento base del PORN, para que, posteriormente, sea aprobado por cada comunidad autónoma.

«Este plan decidirá el escenario de la estrategia de conservación del parque y será único para los tres», en referencia a los gobiernos autonómicos, lo que «no significa que no pueda haber singularidades como hasta ahora», afirmó Carriedo, quien desde el principio de la negociación de las transferencias ha insistido en la necesidad de preservar tales peculiaridades, en alusión, en su caso, a la caza, que se ha permitido en León hasta ahora por una cuestión de tradición, aun cuando la normativa de los parques nacionales la excluye.

«En el tema de conservación del parque es donde menos cambios va a haber, porque la Administración del Estado ha demostrado su capacidad», añadió.

En este plan también se regularán los usos y actividades que se desarrollan o pueden desarrollarse en las diferentes zonas, recogiendo las singularidades de cada territorio.

Según detalló el director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre, este documento tardará «entre seis y ocho meses» en elaborarse.

Por su parte, el consejero cántabro detalló que la fórmula de gestión del parque será un consorcio y que «en la actualidad se están redactando los estatutos» del mismo y «aún hay algunas cuestiones por definir», que, según confía, se concretarán este mes de mayo.

Por último, el consejero asturiano destacó las «magníficas relaciones» entre las tres comunidades autónomas.

Aunque aún queda por concretar, Carriedo avanzó que «estamos pensando en hacer un plan rector de uso y gestión del parque (PRUG) único» y que se prevé que haya tres codirectores en este espacio.

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